Recrudece la intimidación y la detención a periodistas en Venezuela

 Juan Barreto / AFP Policías antidisturbios y periodistas envueltos por una nube de gases lacrimógenos durante una protesta contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, el 8 de abril de 2017.

Durante la cuarentena por la pandemia, aumentaron las detenciones y la censura contra los comunicadores que ejercían su derecho a buscar y difundir información sobre la crisis en el país petrolero.

“Los policías me sacaron de mi casa, me quitaron las cintas de mis zapatos y me amarraron las manos. Caminé un trayecto largo hasta donde estaba el carro en el que me trasladarían. Todos los vecinos vieron esa escena. Me trataron como un delincuente y yo soy un periodista”, este es uno de los momentos que más recuerda Davirson Rojas, reportero venezolano de 25 años, del día que fue detenido en su residencia en el mes de marzo, luego de twittear cifras sobre los casos de Covid-19, distintas a las que había dado el Gobierno de Nicolás Maduro.

Rojas cuenta que no inventó números, que lo que hizo fue sumar las cifras que habían dado distintas autoridades oficiales el 20 de marzo, entre ellos el Gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez y, de allí, obtuvo el resultado. Esa cuenta lo llevó a pasar 12 días en una comisaría policial y fue presentado ante los tribunales bajo el delito de instigación pública e instigación al odio.

“Siempre estuve preparado para algún inconveniente porque sabemos que, en cualquier pauta, no estás exento a una detención. Pero siempre pensé que sería algo de horas no de días. Me sorprende haber pasado por esa situación porque usé cifras dadas por los mismos funcionarios del Gobierno”, explicó.

Este comunicador volverá a la calle esta semana a trabajar después de mucho tiempo. No tiene miedo, pero tampoco sabe a qué se va a enfrentar. Cubre la fuente sucesos, que está ligada a los cuerpos policiales y, antes de su captura, ya le era complicado hacer coberturas.

“Ejercer periodismo en Venezuela es cada vez más complicado. En mi fuente, tengo contacto todo el tiempo con la Policía y ellos nos impiden trabajar, no nos dejan acercarnos a las víctimas. Se ha hecho común”, señaló.

Pese a pasar por la experiencia de ser un prisionero, Rojas dice que no tiene pensado abandonar a Venezuela. “Un periodista menos en Venezuela sería una ventana menos que tienen los ciudadanos para que su voz sea escuchada dentro y fuera del país. Aquí hacen falta más periodistas y más medios de comunicación, y no menos periodistas”, enfatizó.

La persecución ahora es penal 

Pero Rojas no es el único periodista que fue detenido en Caracas en época de cuarentena por querer informar. También le ocurrió a Carol Romero quien fue arrestada por grabar una protesta por falta de gasolina en las afueras de la capital. Fue imputada por delitos de lesiones contra funcionarios públicos. Sus fotos con esposas en las manos circularon por todas las redes sociales.

Para Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, la foto de Romero esposada la filtró justamente quien la tenía detenida. “Publicarla lo que hace es señalarla como una delincuente. Fue acusada de haber agredido a un guardia”, acotó.

Cifras de Espacio Público señalan que, hasta mayo, se habían dado 112 violaciones a la libertad de expresión, entre las que destacan la intimidación y censura. Las víctimas en su mayoría son periodistas y particulares, y los responsables son los cuerpos de seguridad, instituciones del Estado y funcionarios.

Asimismo, publicaron que, del 16 de marzo al 14 de junio, se han registrado 65 privaciones de libertad y 28 detenciones fueron de trabajadores de los medios mientras ejercían su derecho a buscar, recibir y difundir información en el país. De este último total, 25 estuvieron directamente vinculadas al Covid-19.

“Hay un recrudecimiento. Antes quedaba en una detención rápida, pero ahora la persecución es penal, es más fuerte. Lo más terrible es que los Tribunales no están funcionando y les dan medidas privativas de libertad”, agregó Correa.

Según Correa, todos los temas sensibles fueron reprimidos tanto en la cobertura como en la dinámica de información. “En la primera fase, el grupo de detenidos era por comunicar sobre las condiciones de los hospitales y el Covid-19, después el contexto de la protesta sobre lo que ocurría alrededor de la escasez de gasolina. También llegaron a detener personas por subir fotos en los estados de WhatsApp”, comentó.

Programación censurada 

La ONG Espacio Público también alertó que, durante el confinamiento, fueron cerradas emisoras de radio, y varios programas noticiosos conducidos por periodistas. Uno de estos programas se transmitía en el canal del estado Venezolana de Televisión (VTV), otro de ellos en el canal privado Globovisión, cuyo dueño fue sancionado por Estados Unidos.

De acuerdo con lo publicado en las redes sociales de Walter Martínez, el presentador que conducía el programa Dossier en VTV, la jefa de contenido le informó que, debido al Coronavirus, se reduciría la programación. Sin embargo, el periodista denunció por su cuenta de Twitter que ningún directivo ha hablado con él y que tiene prohibida la entrada a las instalaciones del canal.

Vladimir Villegas, quien tenía un programa de entrevistas desde hacía siete años en Globovisión, expresó que “por presiones de Nicolás Maduro” el espacio que conducía ya no saldría más al aire.

“Lo que ocurrió conmigo es parte de lo difícil que es ejercer la profesión en Venezuela. Tenemos un periodismo criminalizado, donde a quienes trabajan en la calle se les borran las grabaciones, se les hostiga con civiles. Hay periodistas presos. Es una muestra de intolerancia del Gobierno frente a periodismo independiente y crítico. Incluso ataca a su entorno, como ocurrió con el colega Walter Martínez”, sostuvo.

Villegas indicó que el Gobierno de Nicolás Maduro se hace cada vez menos intolerante a la crítica y al hecho de que se muestren las verdades de la realidad política y social.

“Se me hace un daño en lo personal y en lo profesional, pero también a las personas que veían el programa. Esto atenta contra los ciudadanos a recibir información plural y diversa, pero el Gobierno prefiere la hegemonía comunicativa que es antidemocrática”, denunció.